La asociación StopAbolición, colectivo integrado por trabajadoras sexuales, empresarios del sector, publicistas y profesionales vinculados a la industria del sexo de pago, ha hecho pública su oposición a la proposición no de ley presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados, que insta al Gobierno a regularizar de forma extraordinaria a las mujeres en situación de prostitución, trata o explotación sexual.
Una medida populista, simplista y sin haber dado voz
El colectivo cree que la iniciativa responde a un cortoplacismo político de carácter superficial y que no resolverá las demandas ni las necesidades reales de las trabajadoras sexuales. Además, rechazan la no inclusión de hombres y personas no binarias o en etapa de transición, calificando este problema como «una incoherencia con las políticas de igualdad defendidas por Unidas Podemos».
Crítica al enfoque abolicionista
StopAbolición sostiene que la proposición nace de la premisa equivocada, sin apego a los datos oficiales, de que la trata está «indisolublemente unida a la prostitución», una relación que —según afirman— no está apoyada por datos oficiales. En este sentido, apuntan que, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en 2024 se detectaron 376 víctimas de explotación sexual en operativos policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo reconoció judicialmente 9 cuando se cerraron todos los procesos.
«En el texto presentado se percibe un marco abolicionista y un pensamiento criminalizador hacia el trabajo sexual», señalan desde la asociación.
La legislación ya contempla los delitos de trata y explotación
La organización recuerda que el Código Penal español ya tipifica la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (artículo 177 bis) y el lucro delictivo de terceros (artículo 187.1). Por lo tanto, consideran innecesaria una medida «excepcional» como la propuesta por Podemos.
Del mismo modo, citan a organismos internacionales como CEDAW y el grupo GRETA, que recomiendan reforzar la lucha contra la trata y la explotación laboral fuera del ámbito de la prostitución, un aspecto que —según StopAbolición— suele quedar en el olvido.
El colectivo también se pronuncia sobre su preocupación por la posibilidad de que diversas ONG o administraciones puedan acreditar la condición de víctima de trata, lo que, a sus ojos, abre la puerta a la pérdida de garantías y a la arbitrariedad, al quedar a expensas de entidades privadas con posibles conflictos de interés.
Dudas sobre la gestión de fondos y programas
StopAbolición también es crítica con la eficacia del Plan Camino, impulsado por el Ministerio de Igualdad, y solicita transparencia sobre el uso de los recursos destinados a programas para mujeres en situaciones de prostitución.
La asociación apunta que organizaciones como Médicos del Mundo España recibieron más de 48 millones de euros en 2024, sin que se conozca cuántas mujeres han sido realmente beneficiadas o de qué manera, denunciando la existencia de «una industria del rescate con escasa rendición de cuentas».
Reivindicación de derechos
Con todo, el colectivo reclama que se escuche a las trabajadoras sexuales y que estas participen directamente en los debates legislativos sobre prostitución. «No somos víctimas ni objetos de tutela. Exigimos la despenalización de nuestra actividad y el reconocimiento de nuestros derechos básicos, como cualquier otro trabajador o ciudadano», concluye el comunicado.
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